La relación entre FIFA y la Casa Blanca vuelve a estar en el centro de un terremoto político en Estados Unidos, ahora con una petición formal del Congreso que busca revisar posibles vínculos con el Gobierno de Donald Trump. El foco de la indagación se concentra en decisiones tomadas en torno al Mundial reciente, en cuestiones de presencia institucional en territorio estadounidense y en el funcionamiento de la venta de entradas.
Datos rápidos de la petición
- Jamie Raskin, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara, solicitó una entrevista transcrita con Gianni Infantino.
- La carta exige registros de visitantes en oficinas de FIFA en Miami y en Nueva York.
- Se pidió documentación sobre comunicaciones entre personal de FIFA y personas vinculadas a la Administración de Trump.
- El Comité fijó un plazo: 9 de agosto de 2026 para entregar los documentos requeridos.
- El caso más sensible durante el Mundial gira en torno a la suspensión del futbolista estadounidense Balogun y una posible intervención para revisar una tarjeta roja.
- La investigación también apunta a políticas de entradas, con cuestionamientos por cambios de categoría y precios.
Raskin presentó la solicitud después de una serie de episodios polémicos antes y durante el torneo. Entre ellos, destaca la decisión de FIFA de conceder a Donald Trump un “Premio de la Paz” creado recientemente, un movimiento que ha alimentado sospechas sobre la neutralidad del organismo.
El legislador también quiere profundizar en la huella física de FIFA en Estados Unidos. En particular, se investiga el alquiler de un espacio de oficinas en el piso 17 de Trump Tower, en Manhattan, donde FIFA afirma pagar renta equivalente a la del mercado. Raskin sostuvo que ese tipo de espacio podría costar alrededor de 600.000 dólares al año en condiciones normales.
Balogun, el punto de quiebre en el Mundial
El principal foco deportivo-legal dentro de la consulta parlamentaria está en la suspensión del internacional estadounidense Balogun durante el Mundial. Las acusaciones señalan que Trump habría llamado personalmente a Infantino para pedir una revisión de la tarjeta roja del delantero, tras lo cual FIFA lo declaró elegible para un partido de eliminatorias.
La entidad rectora sostiene que la resolución se tomó de forma independiente. Aun así, el episodio generó condena a nivel mundial y se convirtió en un argumento central para quienes cuestionan posibles interferencias políticas en decisiones disciplinarias.
La polémica no se limita al Congreso de Estados Unidos. Más de 70 representantes europeos se sumaron al pedido de abrir una investigación para evaluar si FIFA respeta la neutralidad política, y la carta de Raskin incluye la idea de que las acciones del organismo “parecen diseñadas” para favorecer decisiones de Trump y su Administración.
Dentro de ese marco, también se mencionan dudas relacionadas con el Departamento de Justicia y la decisión de retirar ciertos cargos vinculados al escándalo de corrupción de 2015, tema que vuelve a aparecer como parte del debate sobre posibles beneficios institucionales.
Entradas: precios, categorías y denuncias estatales
Además de los vínculos políticos, el Comité pone el foco en las políticas de venta de entradas, un terreno que ya acumuló críticas en distintos estados de EE. UU. Las autoridades que habrían cuestionado el esquema incluyen a los fiscales generales de Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California.
Raskin acusó a FIFA de realizar prácticas ilegales y engañosas, planteando que hubo “exprimir a los consumidores” mediante aumentos de precio y métodos fraudulentos. En el documento se recuerda que la oferta original hablaba de un tope de 1.550 dólares para un boleto de final, aunque finalmente se habrían vendido asientos por cerca de 33.000 dólares.
El Comité también observa con atención que FIFA introdujo categorías de mayor precio cuando ya se habían vendido millones de entradas al público general. El legislador advierte que, incluso después de una compra, FIFA podría reasignar al aficionado a un asiento de peor ubicación dentro de una sección inferior, lo que califica como conducta contraria al consumidor.
En respuesta, la Casa Blanca rechazó la investigación mediante un comunicado en el que su portavoz, Davis Ingle, desestimó a Raskin calificándolo como una idea de alguien “de poca inteligencia”. El Gobierno argumentó que el Mundial de 2026 fue un éxito histórico, generó miles de millones en ingresos y ofreció una experiencia fluida para los aficionados.
Sin embargo, desde el lado demócrata se advirtió que estas preguntas de supervisión podrían escalar a investigaciones formales con capacidad de citación, si los demócratas recuperan el control de la Cámara en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.
La presión actual también funciona como advertencia de cara a próximos torneos. FIFA se prepara para la Copa Mundial Femenina de 2031, que se espera que se coorganice desde Estados Unidos. Con un eventual cambio de liderazgo político, el organismo podría enfrentar un escrutinio aún más duro sobre sus estándares operativos y éticos.
Por ahora, el Comité dejó un calendario concreto: FIFA deberá proporcionar los registros y materiales solicitados antes del 9 de agosto de 2026, en un proceso que combina polémicas deportivas, cuestionamientos comerciales y una batalla política por la supuesta neutralidad del organismo.
