Julio Casares ha abierto dos frentes judiciales tras su salida de la presidencia de São Paulo. El exdirigente reclama a Meta una indemnización de R$10 millones —unos £1,5 millones y US$2 millones— por la desactivación de su cuenta de Instagram, mientras busca anular la expulsión como socio decidida por el Consejo Deliberativo del club el 10 de septiembre.
Casares dejó el cargo en enero, antes de que avanzara un proceso de destitución, y sostiene que su perfil fue bloqueado durante cinco meses a raíz de denuncias falsas coordinadas. Cuando recuperó la cuenta, el número de seguidores había pasado de cerca de 600.000 a 562.000; actualmente, la cifra se sitúa en 553.000. La demanda remarca que se trataba de una cuenta monetizada y atribuye esa caída a un perjuicio económico y reputacional.
El antiguo presidente afirma que construyó su comunidad digital de forma orgánica durante una década y que ese canal era esencial para relacionarse con aficionados y medios. Durante su etapa al frente del Tricolor, su intensa actividad en redes también generó críticas de sectores de la hinchada y de adversarios políticos. Tras no lograr una respuesta efectiva a través del soporte de Meta, obtuvo una medida cautelar judicial para restablecer el perfil.
En su presentación, Casares denuncia que quedó desatendido por un sistema de atención al cliente “robotizado e ineficaz”, una situación que, según su defensa, agravó su condición de adulto mayor. Sus abogados sostienen que la interrupción no fue un inconveniente momentáneo: habría afectado su presencia digital, su alcance profesional, su imagen pública y el valor reputacional reunido a lo largo de los años.
La acción también describe una presunta campaña de terceros que habría aprovechado el mecanismo de reportes de la plataforma para atacar al exmandatario después de su salida del club. La defensa señala que, mientras permanecía desconectado de un público de alrededor de 600.000 personas, circularon mensajes celebrando la caída de su cuenta y difundiendo la versión de que había abandonado voluntariamente las redes sociales.
La disputa con São Paulo
En paralelo, Casares acudió a la Justicia para cuestionar las acusaciones de gestión temeraria y revertir la pérdida de su condición de socio. En su petición, solicita que su administración sea considerada regular, realizada de buena fe y aprobada por los órganos competentes. Niega irregularidades en el manejo de fondos o desvíos de finalidad y enmarca las denuncias en una disputa política interna.
Su equipo jurídico recuerda que fue elegido presidente en 2020 y reelegido en 2023, además de resaltar los títulos obtenidos en ese ciclo: el Campeonato Paulista de 2021, la Copa do Brasil de 2023, la Supercopa do Brasil de 2024 y la Copinha de 2025. También incluye el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2022.
La defensa añade como argumentos los avances comerciales y financieros del período, entre ellos el acuerdo de naming rights del estadio Morumbis, nuevos patrocinadores y un proceso de reestructuración económica. Casares sostiene que actuó con el respaldo de especialistas de las áreas financiera, contable, jurídica y de compliance, por lo que las decisiones técnicas y clasificaciones contables no pueden atribuirse exclusivamente a la presidencia.
A comienzos de octubre, la Justicia concedió a São Paulo un plazo de 15 días para presentar su respuesta formal a la demanda. Mientras la batalla institucional continúa fuera del campo, el primer equipo tiene compromisos inmediatos en el Brasileirao: recibirá a Vasco da Gama el sábado por la noche y luego afrontará dos salidas consecutivas, ante Mirassol el 24 de octubre y frente a Bahia cuatro días después.
