Manchester City afronta uno de los escenarios más graves de su historia después de que una comisión independiente lo declarara culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League. El dictamen, referido al periodo comprendido entre 2009 y 2018, señala contratos simulados vinculados a sus propietarios de Abu Dhabi y un sistema de financiación encubierta que habría inflado ingresos y reducido costes por más de 900 millones de libras.
Un fallo de enorme dureza y una apelación en marcha
El club mantiene su inocencia y planea recurrir la resolución antes del límite fijado para el viernes 2 de octubre. La comisión, sin embargo, empleó términos especialmente severos al concluir que City buscó eludir de forma consciente los reglamentos de la competición.
- La resolución cita contratos considerados ficticios y pagos camuflados como parte de una estructura de financiación.
- También sostiene que se sobrevaloraron ingresos comerciales y que hubo testimonios deshonestos en la defensa del club.
- El informe público presenta partes tachadas y no incluye las pruebas ni los anexos completos, aunque la contundencia de su lenguaje apunta a que la comisión respalda sus conclusiones con material probatorio.
- El proceso de redacción de la decisión se prolongó durante tres años, un dato que refuerza la percepción de que cada formulación fue cuidadosamente estudiada ante una previsible apelación.
La postura del City se apoya en la existencia de pruebas que considera irrefutables. Entre sus argumentos podría estar que determinadas aportaciones a los patrocinios procedían del Gobierno de Abu Dhabi, y no directamente de los dueños del club. Esa línea ya formó parte de la defensa utilizada anteriormente en su litigio con la UEFA, pero la comisión de la Premier League la rechazó.
En una apelación, el campeón inglés tendría que acreditar, entre otros motivos, una aplicación incorrecta de la ley, una valoración errónea de los hechos, mala fe, parcialidad o una conclusión a la que ningún tribunal razonable hubiera llegado. Podría presentar nuevas pruebas, pero solo si demuestra que no estuvieron disponibles durante el procedimiento original. Dada la duración del caso, se considera difícil que surjan elementos nuevos de peso.
La sanción puede avanzar aun con recurso
La apelación sería analizada por un nuevo panel independiente de tres miembros. Paralelamente, la Premier League puede seguir adelante con la audiencia destinada a determinar el castigo. La normativa no obliga a congelar esa fase por la existencia de un recurso, y la decisión inicial se mantiene vigente hasta que el órgano de apelación dicte una resolución diferente.
El procedimiento disciplinario será privado y, si continúa sin demoras, el castigo debería hacerse público en un plazo de 30 días después de la audiencia. City podría alegar que imponer una medida antes de resolver la apelación afectaría a la imparcialidad del proceso o provocaría consecuencias injustas en la temporada actual si posteriormente quedara absuelto.
No obstante, avanzar con la pena mientras se discute el recurso no es una situación excepcional en procedimientos regulatorios o penales: una condena puede ser objeto de apelación y, al mismo tiempo, seguir su curso hacia la fase de sentencia.
Las opciones disciplinarias de la Premier League
El reglamento, en su Sección W, Regla 54, contempla desde una reprimenda hasta la expulsión de la competición. Entre las sanciones que pueden ser aplicadas figuran:
- Una multa económica de cuantía elevada, con posible componente punitivo por las infracciones y la falta de cooperación apreciada en el expediente.
- Una deducción de puntos, con impacto directo en la clasificación de la presente campaña.
- Una prohibición para realizar fichajes.
- La suspensión o expulsión de la Premier League.
La liga no tiene competencia para relegar directamente al club al Championship, ya que esa categoría depende de la English Football League. Sin embargo, una quita de puntos suficientemente grande podría causar un descenso deportivo. Una expulsión también abriría interrogantes sobre el futuro de la plantilla, los empleados y la estructura operativa de la entidad, especialmente si la caída alcanzara categorías como League Two, el cuarto nivel profesional inglés.
La Premier League deberá equilibrar la gravedad de las conductas acreditadas con las consecuencias para trabajadores y terceros ajenos a los propietarios. La separación entre los dueños y el club como institución será un elemento relevante al calibrar una sanción extrema. Aun así, el tono firme de la resolución y la presión para cerrar el expediente elevan la posibilidad de que el castigo llegue esta misma temporada.
Impacto sobre Guardiola, los propietarios y el resto de la liga
El caso trasciende el castigo inmediato. La conclusión de la comisión pone bajo escrutinio la etapa más exitosa del Manchester City, incluida la herencia deportiva acumulada por Pep Guardiola, y plantea un desafío reputacional para la Premier League y su capacidad para hacer cumplir sus propias reglas.
La mención a testimonios deshonestos también podría tener ramificaciones fuera del procedimiento deportivo. Si las pruebas revelaran fraude o conductas irregulares en ámbitos regulados, podrían abrirse expedientes de mala conducta e incluso investigaciones penales. El alcance dependería del contenido íntegro de las evidencias.
- Una eventual acreditación de fraude podría afectar el test de propietarios y directivos, que se revisa cada temporada.
- En el escenario más severo, podrían cuestionarse elementos de la estructura de propiedad del club.
- La continuidad de figuras ejecutivas, como el director general Ferran Soriano, quedaría en duda si el recurso fracasa.
- La defensa de City ya ha planteado que sus pruebas no fueron comprendidas, consideradas en su totalidad o tratadas con imparcialidad suficiente.
Los efectos legales pueden multiplicarse también fuera de Manchester. Otros clubes de la Premier League estudian posibles acciones por daños: no solo los equipos que pudieron perder títulos o plazas europeas, sino cualquier entidad afectada por la distribución de ingresos según la posición final en la tabla. Los descensos, los perjuicios reputacionales e incluso situaciones relacionadas con antiguos futbolistas del City podrían originar reclamaciones.
También podrían aparecer demandas de clubes europeos que consideren que la participación del City en determinadas competiciones les causó un perjuicio. La posibilidad de litigios abre un horizonte de conflictos que podría prolongarse durante años.
Las vías judiciales, con un listón muy alto
El City no puede acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, ya que los clubes de la Premier League aceptan que estas controversias se resuelvan bajo la jurisdicción británica. La alternativa del Tribunal Superior inglés requeriría demostrar que el proceso fue ilegal.
Entre los argumentos posibles estarían que el tribunal excedió sus facultades, que existió fraude con incidencia en la decisión, que no hubo una audiencia justa por sesgo o falta de independencia, o que se produjo una irregularidad procesal grave que generó una injusticia sustancial. La objeción de que la Premier League carecía de jurisdicción para presentar los cargos ya fue analizada y descartada en la decisión de la comisión.
Más allá del Tribunal Superior, la vía potencialmente restante sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, únicamente si City entendiera que hubo una vulneración real de las garantías de equidad. El umbral para avanzar por esos caminos es elevado, mientras la Premier League se prepara para definir una sanción que puede cambiar el fútbol inglés.
